ALEJANDRO RAMÍREZ ROA

Nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, es un abogado con una sólida formación académica. Graduado de la Universidad Santo Tomas, con dos especializaciones, una en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y Gobierno y otra en Gestión Pública Territorial de la Universidad Javeriana.

Tiene una destacada trayectoria en el servicio público, comenzó su carrera como concejal en Zipaquirá a los 19 años, convirtiéndose en el concejal más joven de la ciudad para el periodo 2008-2011. Posteriormente, en 2012, fue designado como consejero para la Acción Comunal de Desarrollo Social en el mismo municipio.

Entre 2014 y 2019, se desempeñó en el Ministerio del Interior, donde lideró la Comisión Intersectorial para las Respuestas a las Alertas Tempranas. Durante este período, desempeñó un papel fundamental en la protección de los derechos humanos a nivel nacional y en la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para abordar la pobreza y la seguridad pública en varios departamentos del país.

En el año 2020, asumió el cargo de Secretario de Gobierno del municipio de Zipaquirá, aplicando su experiencia en asuntos de derechos humanos y orden público. Su liderazgo se destacó durante la emergencia sanitaria de 2020-2021 y la protesta social del 2021, demostrando su capacidad para la gestión y la articulación de diferentes actores en situaciones críticas.

En el cumplimiento de sus funciones establecidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 – 2026”, seguirá el lineamiento del Gobierno Nacional en el fortalecimiento institucional de las Juntas de Acción Comunal, el cumplimiento de las garantías electorales y el fortalecimiento de la democracia, la articulación con Gobernaciones y Alcaldías en la difusión e implementación de los mecanismos de participación ciudadana con los jóvenes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de personas con discapacidad y a la población campesina, en cumplimiento de las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior y el Congreso de la República.




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